El comienzo de todo.

En el reto que se nos presenta, en el que hay que buscar una política desarrollada desde el sector público, me voy a remontar tiempo atrás, parece mucho, pero algunas veces cuando lo pienso no es tanto. Hay políticas mucho más actuales e importantes, pero quería mencionar de dónde veníamos, ya que en su día me impactó bastante y es cuando empecé a tener conciencia sobre esta problemática.

He elegido la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, porque para mí fue un punto de inflexión importantísimo. Aunque llevaba varios años en la universidad, lo digo porque ya tenía una edad, nunca había tenido constancia de esta problemática. La ley fue la consecuencia de lo que me marcó, que fue el asesinato de Ana Orantes el 17 de diciembre de 1997. 

Un suceso que tuvo un gran impacto social y mediático, que sin embargo tardó seis años en reflejarse en medidas y leyes contra la violencia de género. La política en este caso, fue muy por detrás de la realidad social.

A mi modo de ver, es la primera ve que se produjo una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes públicos, para afrontar esta lacra. Su ámbito de intervención era a nivel nacional. Fue el Gobierno de España el que después de un proceso de concienciación social y política, largo y complejo en el que fueron claves los movimientos feministas, que desde la calle empezaron a hacer ruido y a pedir medidas.

Esta ley fue la que marcó a mi modo de ver un punto de inflexión en los roles de género, ya que, según su propia exposición de motivos, trataba de "arbitrar nuevos y más eficaces instrumentos jurídicos, bien articulados técnicamente, que atajen desde el inicio cualquier conducta que en el futuro pueda degenerar en hechos aún más graves", para "formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género".  

Se pretendía con la equidad que la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica unificara "los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos y faltas. Pretende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el juzgado de instrucción, pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. Esto es, una misma resolución judicial que incorpore conjuntamente tanto las medidas restrictivas de la libertad de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximación a la víctima, como las orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a su familia, sin necesidad de esperar a la formalización del correspondiente proceso matrimonial civil. La orden judicial de protección supondrá, a su vez, que las distintas Administraciones públicas, estatal, autonómica y local, activen inmediatamente los instrumentos de protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. En ello consiste, precisamente, su elemento más innovador", lo cual fue un primer paso para el acceso a recursos de la administración, aunque no de recursos económicos.

Desde 1997, hasta el año 2003, tal era el impacto que tenía en la sociedad, que se empezaron a contabilizarse oficialmente las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Esto es lo que ha hecho que se visualice un problema que afecte a toda la sociedad, aunque con el paso de los años vemos que la estadística no ha dejado de aumentar año tras año.

Fue un primer paso para afrontar la problemática y las personas que lo sufrían, que al final repercutía en todos los niveles de la sociedad, aunque siempre las peores paradas eran las personas que no disponían de independencia económica. Una medida, que aunque se quedaba corta, fue a mi modo de ver el comienzo de todo.

Aunque fue el comienzo de todo y un importante primer paso para poder afrontar el goteo, que sigue siendo de media 60 mujeres asesinadas al año, para llegar, con mucho retraso, a un pacto de estado con 200 medidas concretas a partir de septiembre de 2017, que se va implantando lentamente. De hecho el goteo de mujeres asesinadas se sigue manteniendo, por lo que, aunque tenemos más conciencia del problema, no está resultado todo lo eficaz que debería de esperarse, aunque el pacto de estado es mucho más importante para enmarcar la acción del Estado a largo plazo que la simple ley que más bien pretendía parchear una situación ante la presión en la calle de los movimientos feministas, por lo que al tener el consenso de un pacto de estado, le da una fortaleza que implica incidir en todos los ámbitos de la sociedad. 

Este punto de partida, conllevó la creación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que ahora ejerce como órgano del Gobierno encargado de coordinar e impulsar la ejecución de las medidas del Pacto de estado, también con la asistencia de las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer, integradas orgánicamente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.